Frontier Gates

LOS ACUERDOS ALCANZADOS EN EL FORO DE DIÁLOGO TRIPARTITO SOBRE GIBRALTAR Y SOBRE LA CREACIÓN DE LA NUEVA SECRETARÍA DE ESTADO PARA IBEROAMÉRICA. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000132.)

LAS CONSECUENCIAS DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE GIBRALTAR. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000692.)

LAS NUEVAS CESIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO EN EL CONTENCIOSO SOBRE
GIBRALTAR. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO

POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000795.)

El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Vamos a tratar ahora los puntos 2, 3 y 4 del orden del día.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé):

Señor presidente, señorías, teniendo en cuenta el número de cuestiones que abordaremos hoy en la comparecencia y el hecho de que ya he tenido ocasión de referirme tanto a la valoración política del Foro de diálogo sobre Gibraltar en el Pleno de esta Cámara, como a los resultados de la sesión ministerial de Córdoba en la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación del
Senado, intentaré centrarme hoy en los aspectos más relevantes de los acuerdos y su relación con la cuestión de fondo en el
contencioso sobre Gibraltar.

Quisiera en primer lugar referirme, una vez más, a la filosofía que para el Gobierno español inspira el Foro de diálogo sobre Gibraltar. Para nuestro Gobierno, la razón de este proceso es la de crear un clima de confianza mutua y cooperación que
haga posible avanzar en la solución definitiva de la cuestión de Gibraltar. Debe quedar claro, por tanto, que el objetivo del foro de diálogo no era ni es el de negociar las cuestiones de soberanía pendientes entre España y el Reino Unido en relación con Gibraltar, que son tratadas, como todos ustedes saben, en el llamado proceso de Bruselas, cuya vigencia he recordado repetidas veces en público. La cuestión de soberanía, como reconocen tanto los textos de la reunión de Córdoba como la decisión de consenso aprobada por la IV Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas este mes, sigue siendo un tema bilateral entre el Gobierno español y el Gobierno británico.

Como ya tuve oportunidad de explicar la semana pasada, dada la situación de estancamiento en la que nos encontrábamos en el año 2004 y tras comprobar la imposibilidad de continuar las conversaciones sobre cosoberanía, el Gobierno optó por superar el punto muerto negociando una serie de acuerdos de cooperación local, sin renunciar por ello a nuestra posición sobre la cuestión de fondo. Creamos el Foro de diálogo sobre Gibraltar mediante el comunicado conjunto hispano-británico de 27 de octubre de 2004, que dice literalmente, y cito:

Se entiende que para el Gobierno español la cooperación local está en el contexto de los objetivos del Gobierno español en relación con la soberanía de Gibraltar. Termino la cita. Por cierto, en la versión inglesa de ese mismo comunicado, contrariamente a lo que afirmó el señor De Arístegui en la Cámara el otro día, no se produce ningún reconocimiento novedoso por parte del Gobierno español del, entre comillas, pueblo de Gibraltar. Como S.S. podrá comprobar, tanto en todas las resoluciones y decisiones adoptadas en Naciones Unidas desde el año 1964 referentes a Gibraltar, como en todos los comunicados conjuntos hispano-británicos en el marco del proceso iniciado por las declaraciones de Lisboa y Bruselas, en la versión inglesa se habla de, entre comillas, the people of Gibraltar —no sé si el acento es muy bueno— y en la española, de los habitantes, de la población del territorio o de los gibraltareños.

Por otro lado, la frase —abro cita— se entiende igualmente que el Gobierno británico mantiene plenamente su compromiso de honrar los deseos de los gibraltareños, tal como figura en el preámbulo de la Constitución de 1969 —cierro la cita—, que aparece en el comunicado fundador del foro de diálogo y que tanto preocupa al señor De Arístegui, tampoco es una novedad, puesto que constata simplemente la posición del Gobierno británico que figura con idéntica redacción en todos —repito, en todos— los documentos del proceso de Bruselas y decisiones de Naciones Unidas desde que fuera otorgado el Decreto Constitucional del año 1969.

Ya tuve ocasión de dejar claro en el Pleno de la Cámara que la participación de Gibraltar en el foro de diálogo no hace sino seguir la línea iniciada, creo que de manera muy acertada, por mis predecesores los ministros Matutes y Pique, en relación con el contencioso, pero con la diferencia de que ahora hemos alcanzado resultados que no fueron posibles bajo el principio de dos banderas, tres voces, sin que por ello hayamos reconocido a Gibraltar un status igual al de España y Reino Unido o competencias que no corresponden según su status constitucional. Es más, el proceso de cooperación, que en su primera fase ha culminado en los acuerdos alcanzados en Córdoba, es exactamente lo que el propio ministro Piqué propugnaba en esta Cámara el 14 de marzo de 2001. Decía así —abro cita—: En cuanto a las relaciones entre Gibraltar y el Campo, un incremento de la cooperación haría que las poblaciones de uno y otro lado de la verja tuviesen intereses compartidos. Esa convergencia de intereses ayudaría a desdramatizar el contencioso, enfocándolo de una manera más natural.

Cierro la cita. Por lo tanto, no puedo admitir que se diga ahora que el Gobierno se está olvidando del tema importante de la soberanía para hacer cosas de escasa importancia En conclusión, no ha habido ninguna cesión con la creación del foro de diálogo y tampoco los acuerdos de Córdoba tienen repercusión alguna en lo que atañe a la soberanía ni prejuzgan nuestra posición al respecto.

Señorías, antes de empezar a repasar de manera sucinta los acuerdos del foro de diálogo, quisiera rebatir también la relación que se ha querido establecer entre el foro de diálogo y el reconocimiento por parte británica de un derecho de autodeterminación a los habitantes de Gibraltar. Quiero dejar muy claro que la reforma constitucional concluida este año, y cuyo texto está pendiente de ser promulgado mediante el correspondiente decreto del Gobierno británico, respeta nuestros intereses porque en él se reafirma la vigencia del Tratado de Utrecht, no se altera el status internacional de Gibraltar y no se disminuye la soberanía británica sobre la colonia. Lo que el Gobierno británico ha dicho, en una respuesta escrita, en la Cámara de los Comunes —texto que no se ha sometido a ninguna votación en dicha Cámara— es que el derecho de autodeterminación de Gibraltar se entiende limitado por Utrecht y los demás principios de la Carta de Naciones Unidas, y que se entiende como un mayor control de Gibraltar sobre sus asuntos internos. El foro de diálogo lo que sí ha favorecido es una situación de transparencia en la que el Reino Unido ha tenido en cuenta las preocupaciones del Gobierno español, eliminando del texto constitucional finalmente aprobado aquellos aspectos que tanto el Gobierno español actual como sus predecesores rechazaban. A este propósito, quisiera aclararle al señor de Arístegui que el Tratado de Utrecht, sobre el que se fundamenta nuestro derecho de retrocesión sobre el Peñón y cuya vigencia ha quedado reafirmada en los textos legales de la reforma constitucional gibraltareña, nunca, nunca, para nuestra fortuna, ha sido declarado ilegal ni en la Carta de Naciones Unidas ni en ninguna resolución de la ONU.

Señorías, permítanme ahora pasar revista a los aspectos más sobresalientes de los textos acordados. En primer lugar, la declaración ministerial sobre el aeropuerto de Gibraltar. Nos ofrecen un acuerdo que potenciará la economía de la zona y favorecerá al mismo tiempo una mayor integración entre las economías del Campo de Gibraltar y Gibraltar. Este nuevo acuerdo sobre el aeropuerto sustituirá, cuando esté plenamente aplicado, al acuerdo conjunto sobre el aeropuerto de 2 de diciembre de 1987 suscrito por España y el Reino Unido y que los gibraltareños rechazaron. El acuerdo contiene una cláusula de salvaguarda de las respectivas posiciones en relación con la soberanía del mismo, de modo que nada de lo que se haga como consecuencia de él podrá aducirse como modificación de las posturas de cualquiera de las partes. En el plazo máximo de 24 meses el aeropuerto dispondrá de un único edificio terminal, situado al sur de la verja pero con acceso directo desde el norte, en el que se prestarán todos los servicios al pasajero, incluidos seguridad aeroportuaria y control aduanero a los pasajeros y a sus equipajes. Me resulta difícil comprender que alguien pueda considerar que la existencia de dos terminales, como prevé el acuerdo de 1987, sea preferible a este acuerdo, ya que este nos dará un papel en el edificio terminal único, al sur de la verja, y por tanto situado en un territorio, el istmo, sobre el que tenemos una reivindicación pero sobre el que en la práctica no ejercemos ningún control o influencia. Los vuelos entre aeropuertos españoles y el de Gibraltar tendrán la consideración de vuelos internos y los pasajeros y sus equipajes que provengan o se dirijan al norte de la verja no serán sometidos, por tanto, a controles por parte de las autoridades españolas ni de las gibraltareñas. Para los demás pasajeros con origen o destino en Gibraltar, en cambio, serán las autoridades españolas las que realizarán en el edificio terminal las correspondientes funciones de control de inmigración y aduanas. Se ha acordado también la constitución de una empresa mixta hispano-gibraltareña para la explotación conjunta de los servicios aeroportuarios en el edificio terminal. Por último, se constituirá un comité conjunto permanente de enlace en el que España participará y que estará encargado de examinar a nivel técnico cualquier problema o cuestión relativa a la puesta en práctica de la declaración ministerial sobre el aeropuerto.

El acuerdo sobre las pensiones de los antiguos trabajadores españoles en Gibraltar afectados por el cierre de la verja en 1969 ha constituido una preocupación prioritaria del Gobierno desde que comenzaron los trabajos del foro del diálogo. Este problema aqueja a un colectivo de 5.700 pensionistas aún vivos y que han visto sus pensiones congeladas desde el año 1969. La solución acordada permitirá compensar a estos pensionistas con una cantidad a tanto alzado que aportará el Reino Unido equivalente a lo que han dejado de percibir por la no revalorización —para una pensión media esta cantidad será de unos 6.200 euros—, y al mismo tiempo el Reino Unido se compromete a actualizar sus pensiones a partir de abril de 2007 y hasta el fallecimiento del último de los pensionistas. Dada la avanzada edad de las personas implicadas en este acuerdo y el hecho de que el Reino Unido no pueda abonar la cantidad a tanto alzado en abril de 2007 de una sola vez, sino que parte será abonada en abril de 2008, el Gobierno está considerando anticipar una parte de los fondos necesarios que le sería devuelta posteriormente por el Tesoro británico. Este acuerdo no supondrá cambio alguno en la prestación de la asistencia sanitaria a los pensionistas, cuyo gasto seguirá siendo asumido, como hasta ahora, por España. Quiero traer a la atención de SS.SS. la importancia económica del acuerdo alcanzado, que no creo que pueda tildarse de victoria pírrica o coyuntural y que representará para el Reino Unido un desembolso financiero de 122 millones de libras —es decir, 171 millones de euros—, de las que 73 millones de libras —es decir, 108 millones de euros— son fruto exclusivo del acuerdo alcanzado en el foro de diálogo. Una consecuencia no desdeñable de esta solución será la de que los actuales trabajadores españoles en Gibraltar —cerca de 4.000— podrán también mirar con tranquilidad hacia su futura jubilación, ya que el acuerdo alcanzado permitirá al Gobierno de Gibraltar revalorizar desde abril de 2007 en adelante las pensiones de todos los trabajadores.

Señorías, una de las tradicionales reivindicaciones de Gibraltar ha sido la relativa escasez de números de teléfono disponibles en la colonia para sus comunicaciones con España. Actualmente Gibraltar dispone de 30.000 números concedidos por España en el año 1986 y de los que sigue disfrutando en la actualidad, y unos 100.000 adicionales asignados en 2001 y ofrecidos por el ministro Piqué pero que nunca fueron puestos en servicio. En el foro de diálogo no se han concedido a Gibraltar 500.000 números, como decía el señor Arístegui en la Cámara el pasado 18 de octubre. El acuerdo que se ha alcanzado en Córdoba consiste en lo siguiente. Por una parte, se podrán cursar en el plazo de unos cuatro meses llamadas entre España y Gibraltar utilizando los procedimientos técnicos de marcación internacional recomendados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para todos los Estados y territorios y la consiguiente posibilidad de acuerdo de itinerancia en telefonía móvil. Por otra, durante las negociaciones del foro de diálogo se ha logrado que la parte gibraltareña haya traspuesto a su legislación la normativa europea que regula las telecomunicaciones.

Esto permitirá que surjan oportunidades para operadoras españolas en este territorio. Quiero subrayar aquí que la asignación por la UIT de un prefijo internacional a un territorio como Gibraltar no tiene consecuencia alguna para el estatus jurídico internacional de ese territorio ni supone reconocimiento político alguno. Por lo que al cruce de la verja se refiere, hemos querido examinarlo en el foro de diálogo teniendo en cuenta que diariamente cruzan la verja más de 4.000 compatriotas nuestros y 3.000 gibraltareños residentes en España. Con el acuerdo, tanto España como el Gobierno de Gibraltar quieren acabar antes de final de año una serie de mejoras en las instalaciones del puesto de control de la verja que aumentarán la fluidez de tráfico. Algunas de estas medidas, como la instauración de un canal de circulación rojo y verde, estaban contempladas ya en el acuerdo del aeropuerto de 1987 y mejorarán la comunicación entre el Peñón y el territorio circunvecino.

Por último, no quiero dejar de mencionar aquí otro resultado de la reunión ministerial que revestirá una gran importancia a largo plazo: la apertura de un Instituto Cervantes en Gibraltar. La lengua española, no oficial aunque hablada ayoritariamente por los gibraltareños, va perdiendo terreno, especialmente entre las nuevas generaciones. Un Instituto Cervantes en Gibraltar ayudará a acercar a los habitantes del Peñón a sus vecinos del norte de la verja, facilitando al mismo tiempo la integración en el entorno inmediato. En suma, no creo que nadie en España defienda que sea bueno para nuestros intereses que el uso de nuestro idioma se pierda en Gibraltar. Por tanto, señorías, espero que no vuelva a utilizarse el falso argumento de que estamos abriendo una representación política en el Peñón o que con la apertura del Instituto en Gibraltar estamos renunciando a nuestros derechos sobre el territorio. La visibilidad que tendrá una institución como esta en Gibraltar, en un edificio puesto a disposición por el Gobierno gibraltareño, será grande y producirá efectos a largo plazo, por ejemplo que los jóvenes puedan considerar la posibilidad de seguir sus estudios en universidades y centros de enseñanza secundaria en España, cerca de su hogar, en lugar de trasladarse para ello al Reino Unido. Señorías, España ha apostado con el foro de diálogo por la colaboración y el entendimiento para resolver los problemas de los ciudadanos y mejorar su calidad de vida tanto en el Campo de Gibraltar como en Gibraltar mismo. Creemos en el diálogo y en la negociación como únicos instrumentos válidos en el siglo XXI para resolver las controversias y superar los desencuentros del pasado. Ahora bien, que nadie se lleve a engaño, España mantiene plenamente su reclamación de la soberanía de Gibraltar indisolublemente unida al cumplimiento del mandato de Naciones Unidas para la descolonización de este territorio.

El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad):

En primer lugar, tiene la palabra el grupo peticionario de la comparecencia, el Grupo Popular, y en su nombre el señor De Arístegui.

El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Vamos a convertir esta comparecencia en una segunda parte de la interpelación de hace unos días. En cualquier caso, buena parte de nuestros argumentos quedaron expuestos allí, pero sí quiero hacer algunos comentarios que no quedaron dichos entonces y das alguna respuesta a la comparecencia del ministro de esta mañana. En primer lugar, nadie está en contra del diálogo, no lo está el Partido Popular y no lo estuvo el Gobierno del Partido Popular, como se puso de manifiesto, como usted mismo ha dicho, tanto en la etapa del ministro Matutes como en la del ministro Piqué, pero algunas cuestiones han quedado dichas solo a medias y en consecuencia pueden llevar a confusión y creo que es necesario que desde esta bancada las aclaremos. Ustedes crearon un acuerdo en torno a un ambiente que ustedes decían que era positivo, un ambiente nuevo de confianza y de diálogo. Ese ambiente de confianza y de diálogo es algo que veníamos reclamando nosotros a los británicos desde hacía muchos años, porque era evidente que superar el impasse de desconfianza que en una parte de la opinión pública de la colonia existía hacia España no se podía lograr sin el concurso de las autoridades británicas y también de la sociedad británica. Ahora bien, dicho esto, hemos estado asistiendo desde hace décadas a un complejo juego en el que por parte de las autoridades británicas siempre se ha intentado colar algún gol a las autoridades españolas. No es una novedad, es una parte lamentable de ese juego de ver si en alguno de los tropiezos el Gobierno de España puede cometer algún acto de aquiescencia. Le doy dos o tres ejemplos que no tienen nada que ver con su tiempo. Uno, el de la cooperación policial. Se quiso que fuera directo entre las autoridades locales y la Policía española. Se logró que eso pasara necesariamente por el gobernador de la colonia, para que quedase meridianamente claro que la cooperación se hacía de Estado a Estado y no con Gibraltar como una parte que tuviese soberanía plena. La segunda era el DNI gibraltareño, que usted sabe muy bien que conseguimos parar in extremis , porque en un país en el que en ese momento no existía documento de identidad parecía verdaderamente disparatado que a una colonia se le otorgase ese derecho, cuando había toda clase de sospechas desde la parte británica y la ciudadanía británica para que hubiese un DNI británico. Esto era, otra vez, tratar de reafirmar la especialidad y la especificidad del caso de Gibraltar. O, por ejemplo, en el tratado o convención europeo sobre Eurodac, en el que se designaba autoridad competente a las autoridades locales de Gibraltar. Eso también era absolutamente inaceptable y era, nuevamente, un intento de las autoridades británicas para ver si España, a través de la bruma de los acuerdos, tratados y convenciones europeas, podía acabar cometiendo el error de aceptar a Gibraltar y a las autoridades locales de la colonia como autoridades competentes en materia europea. Es así y siempre ha sido así. Y en las redacciones, los puntos y las comas tienen su importancia. Ese drafting ha tenido en esta ocasión un efecto negativo. Por eso nosotros decimos que aunque en la versión española no se recoja lo de pueblo de Gibraltar, como dice en inglés, —usted mismo ha recogido las citas en los dos idiomas—, sí está dicho en inglés. En la medida en que people of Gibraltar signifique pueblo de Gibraltar, lo que ha hecho, una vez más, es reconocer que el Gobierno británico está tratando de otorgarle condición de sujeto de derechos constituyentes y en consecuencia crear el ambiente de duda sobre una posible autodeterminación. Nosotros estamos además convencidos de que aquí se trata de una especie como de anclaje de gimnasia sueca. Va a empujar una mano contra la otra todo el tiempo, de manera que las dos manos se queden en el mismo sitio. Eso es exactamente lo que va a ocurrir con esto. Por una parte, van a decirles a las autoridades locales y a la opinión pública de la colonia que no se puede ir más allá de lo que ya existe porque las autoridades españolas se opondrían a cualquier modificación del estatus, aunque ellos formalmente hayan reconocido la posibilidad de la autodeterminación, como de hecho ha ocurrido tanto en una declaración del Gobierno como en una declaración del Parlamento. Pero, por otra parte, van a decirle a España que tampoco se puede proceder a una negociación en profundidad de las cuestiones de soberanía porque siempre se van a oponer los gibraltareños. En alguna declaración suya y de alguno de sus colaboradores hemos leído que se decía qué más daba reconocerles el derecho de veto a las autoridades locales de la colonia si ya de hecho lo tenían antes y que lo único que se había hecho con eso era recoger una cuestión que ya existía.

Nosotros estamos convencidos, señor ministro es nuestra opinión, y creo que además no es solo nuestro derecho sino nuestra obligación ser críticos con aquello que nosotros creemos que es manifiestamente mejorable como estos acuerdos, de que se ha recogido ese derecho de veto ex ante y ex post . Es evidente que las autoridades locales de la colonia han dicho, por activa y por pasiva, que no van a aceptar negociaciones sobre las cuestiones de soberanía. Es decir, aunque usted manifieste que siguen bilateralizadas —por inventar el verbo—, y manifieste que es una cuestión que atañe exclusivamente a los gobiernos del Reino Unido y de España, el resultado práctico es bien otro. Porque, lamentablemente, y lo comprobarán cuando intenten iniciar negociaciones de fondo sobre las cuestiones de soberanía, se encontrarán con el escollo de que los gibraltareños no van a permitir ni siquiera su inicio, o van a intentar bloquearlo. Usted nos reclamaba recientemente que les informáramos sobre nuestros tratos con el lord miembro de la Cámara de los Lores, que venía a traernos información del Gobierno británico, y la pregunta se puede poner claramente por pasiva: ¿por qué tenía que venir un lord inglés de la Cámara de los Lores a informar a la oposición española de una medida del Gobierno y el Parlamento británicos, de la que usted sin duda tenía conocimiento y, por lo tanto, el ministerio, y por qué no nos informó directamente el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, cosa que no ocurrió? Nos informó un miembro de la oposición, en este caso británica, que acudía a España como mensajero del Gobierno para hablar con la oposición española de estos acuerdos. Los acuerdos sí son novedosos y sí contienen un reconocimiento de la soberanía y del derecho de autodeterminación del «pueblo de Gibraltar» por parte del gobierno británico, aunque supedite en el caso del Gobierno esa autodeterminación a la voluntad del Gobierno de España. Pero no hubo ninguna reacción por parte del Gobierno de España cuando se produjo eso. Por eso nosotros pedimos en el mes de junio —lo decíamos el otro día en la interpelación—, bastantes semanas más tarde de la declaración, la comparecencia del ministro para que acudiese a la sede parlamentaria de la soberanía nacional a explicar por qué no había dado ningún tipo de respuesta o de queja el Gobierno de España ante esa declaración unilateral que, a nuestro juicio, sí suponía un cambio del estatus. En cuanto a las negociaciones sobre la soberanía compartida, convendría recordar por qué se estancan, porque el acuerdo fue alcanzado, como usted sabe, y no llegó a ver la luz por dos razones: una, porque hubo una oposición frontal de las autoridades locales de la colonia y, otra, porque los británicos dijeron que querían que ese acuerdo tuviese carácter permanente. Y, lógicamente, los negociadores españoles, con el ministro de Asuntos Exteriores a la cabeza, no podían aceptar bajo ningún concepto que esa cosoberanía pasase a ser permanente, sino que nosotros aceptábamos como mucho que fuese un periodo indefinido de tiempo, pero que por razones de fondo, de coherencia y jurídicas, España bajo ningún concepto podía renunciar a sus reivindicaciones de soberanía sobre el istmo y el Peñón, que son dos reclamaciones y reivindicaciones bien distintas.

En consecuencia, el fracaso y el estancamiento de las conversaciones de cosoberanía tienen ese doble origen, pero sobre todo porque a nosotros, una vez concluido el acuerdo, no nos parecía tampoco serio que el Gobierno británico impusiera un cambio fundamental a ese acuerdo como era la vigencia permanente de ese acuerdo que, en todo caso, nosotros habíamos negociado desde el inicio como temporal.

En cuanto a la cuestión del aeropuerto, ustedes siguen empeñados en decir que es mejor que exista una sola terminal al sur de la verja, y dicen que tenemos un papel en ese edificio. Pero tenemos un papel en ese edificio en una zona en la que imaginariamente, físicamente de hecho, estamos encima de territorio español es un voladizo que pasa al otro lado de la verja, y donde, por cierto, las autoridades policiales británicas y locales de Gibraltar se reservan el derecho de revisar y controlar, desde el punto de vista de la seguridad, a los pasajeros que tengan origen o destino de España, por razones excepcionales o de seguridad, sin más que decir que quieren revisar a tal o cual pasajero. (El señor Estrella Pedrola: No, no.) Sí, esa excepción está recogida. En cualquier caso, nosotros creemos que sí era mejor la solución de las dos terminales.

Y si era tan mala ¿por qué un gobierno socialista en 1987 la culminó, la aceptó y la vendió como buena? Nosotros sí creemos que era mejor la solución de dos terminales que actualmente la diplomacia creativa, como decían ustedes, y nosotros decíamos que era rocambolesco.

Nosotros sí creemos que el Cervantes tiene una simbología diplomática y de representación. Nadie está diciendo que sea negativa la recuperación del idioma español en la colonia. En cualquier caso, aunque haya perdido peso en la educación, es evidente que no en la sociedad. Las radios, la televisión, tantas cadenas como hay en ese entorno, hacen su efecto sobre la inmersión lingüística de los 28.000 ó 29.000 habitantes de la colonia. Que, en efecto, puedan acudir a estudiar a universidades españolas sería beneficioso para superar la desconfianza, no mutua, sobre todo por parte de la opinión pública de la colonia, hacia España. Dicho esto, ¿por qué no se ha elegido una fórmula menos polémica, con menos carga simbólica, buscando la de centros asociados o la de centros autorizados por parte del Instituto Cervantes para dar esas clases de español? Hay una discusión doctrinal interminable sobre la conveniencia o no de reabrir el consulado que se cerró en 1954 en protesta de la visita de la reina Isabel II. Algunos de los mayores expertos sobre esta cuestión tienen una opinión muy clara al respecto, que en efecto sería deseable que hubiese el consulado general, que no tiene un carácter de representación diplomática. En fin, todo esto es discutible y no es el centro ni el meollo de la cuestión de Gibraltar.

La cuestión de Gibraltar tiene una profunda carga simbólica, y como a usted le gusta decir que su discurso es más político, las razones del prefijo telefónico, que no tienen consecuencias jurídicas —nadie ha dicho lo contrario— sí tienen una enorme carga política y simbólica. Eso sí tiene una enorme carga política y simbólica. Hay muchos territorios no autónomos que tiene prefijo distinto, pero ninguno de los casos que mencionamos el otro día —y creo que al decirlo me adelanté al argumentario que tenía usted preparado— tiene el carácter polémico, complejo y las aristas que tiene este.

Otra cuestión, el tema de la UEFA, está empezando a complicarse en el horizonte con las pretensiones de la federación de fútbol de la colonia de formar parte de la UEFA y, así, de las competiciones europeas. ¿Tendrá consecuencias jurídicas? No lo sé, pero lo que sí tiene son consecuencias políticas evidentes. Espero que haya un seguimiento absolutamente específico y serio de esa cuestión, que, por cierto, no surgió el otro día en la interpelación.

Nosotros no estamos en absoluto de acuerdo con que la reforma constitucional emprendida respete totalmente nuestros intereses. Sobre el Tratado de Utrecht, nosotros no hablamos en ningún momento en la interpelación de su ilegalidad. Sí dijimos, sin embargo, que tanto la Carta de la ONU como la Resolución 1514 (XV) sí cuestionaban de manera clara la cesión con carácter de perpetuidad recogida en el tratado. Eso es evidente porque al establecer que Gibraltar es un territorio a descolonizar por la restitución de la integridad territorial del Estado al que legítimamente pertenece y que lo cedió en 1713 estaba diciendo claramente que a partir de ese momento tenía que producirse ese proceso de descolonización y que ya no era válida la cláusula de cesión a perpetuidad. Esa cláusula es ilegal de toda ilegalidad según Naciones Unidas, su carta y las resoluciones citadas.

Vuelvo a la cuestión de la relación de confianza necesaria entre la opinión pública de Gibraltar y el resto de España. Es evidente que necesitamos hacer un esfuerzo complementario. Lamentablemente, en la opinión pública británica hay una percepción —y estoy convencido de que es una percepción injusta— de que hemos actuado con Gibraltar como auténticos matones. En absoluto es así. Creo que cuando uno defiende los intereses de su país y denuncia el carácter anacrónico y ridículo de tener una colonia en territorio español en el siglo XXI, estando involucrados dos Estados, dos naciones, que comparten muchísimo, que tienen tantas cosas en común, que son tan complementarios en tantas zonas del mundo y que son socios en el seno de la Unión Europea, de la OTAN y en tantos otros ámbitos internacionales, no tiene ninguna justificación que se opine eso y no es compresible por parte de la opinión pública española, como también ocurre en el caso de la comparación de Gibraltar con Macao y Hong Kong. ¿Por qué en ese caso sí y no aquí? No tiene ni pies ni cabeza.

Concluyo diciendo lo siguiente. Nosotros, cuando estábamos en el Gobierno, como todos los demás gobiernos democráticos, decíamos que teníamos que reconocer las especificidades y las particularidades de Gibraltar y que una vez lograda la integridad territorial de España se podía buscar una fórmula perfectamente asumible y aceptable para que Gibraltar tuviese reconocidas esas especificidades, pero que debía integrarse plenamente en la región circunvecina para beneficio muto de los demás habitantes del Campo de Gibraltar y los propios habitantes de la colonia. Dicho todo esto, nosotros sí consideramos que quedan gravemente alteradas las pretensiones españolas y las posibilidades de éxito para las negociaciones en torno a la soberanía en un futuro inmediato.

El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad):

En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Estrella.

El señor ESTRELLA PEDROLA: No sé si hay un problema entre el Grupo Popular y el Gobierno, dentro del Grupo Popular con el Gobierno, con el Partido Socialista. Lo que sí sé es que una persona cualificada, con responsabilidades de gobierno en el dossier de Gibraltar y contando, además, con un apoyo sin reservas —por supuesto, con algunas observaciones de advertencia del tipo: cuidado, ministro, no tenemos muy claro esto—, con un apoyo incondicional por parte del Grupo Parlamentario Socialista, hace apenas dos semanas decía en el Senado al ministro: Le tengo que dar la enhorabuena y a todo su equipo porque los acuerdos que han firmado en términos generales me parecen provechosos. Ofreció el apoyo en nombre del Partido Popular y animó —entre comillas— a seguir avanzando con constancia y perseverancia en la vía del diálogo, ya que este asunto se resolverá no por la vía de la victoria de unos sobre otros, sino trabajando para la desaparición de un anacronismo colonial, y considera —lo dice en distintas ocasiones— que esta es una vía adecuada, como igualmente era adecuada y respetable la que intentó el Gobierno del Partido Popular, insisto, con todo nuestro apoyo. Como decía el ministro el otro día, ni siquiera cuestionamos que se renunciara directamente a la mitad de la soberanía y se abandonase la posición española de la plena recuperación de la soberanía sobre Gibraltar.

Ahora bien, señor presidente, señor ministro, este es un tema tan complejo y tan delicado que requiere un análisis no solamente sereno —como lo estamos teniendo— sino también profundamente riguroso, con los documentos en la mano. Lo primero que habría que delimitar es si, a la vista de los documentos que se han acordado en Córdoba y que nos llegaron a todos los portavoces y de los que habíamos sido informados previamente la semana anterior, este es un acuerdo que afecta o no a cuestiones de soberanía. En absoluto; no aborda cuestiones de soberanía. ¿Es un acuerdo en el que, los derechos de España, de acuerdo con el Tratado de Utrecht, la posición española en lo que se refiere al no reconocimiento de la ocupación del istmo, la acumulación de conocimiento o de formación de la posición española de los distintos gobiernos de la democracia se vean alterados en algún punto por lo que se ha acordado en Córdoba? En absoluto. Hay cláusulas de salvaguarda, y cualquiera con un mínimo de conocimiento y buena voluntad, si se molesta en leérlas, verá que están absolutamente preservados en toda su integridad precisamente con el objetivo de que no sea un acuerdo de soberanía. No siendo un acuerdo de soberanía, queda claro que nada de lo que allí se dice afecta, disminuye o altera el statu quo existente. No olvidemos que el punto de partida de estos acuerdos —y así consta en la declaración que se produjo hace dos años— era que para España el trabajo en el foro tenía como objetivo avanzar en nuestra meta de la recuperación de la soberanía sobre Gibraltar.

Estando claras todas esas salvaguardas, queda otra duda: ¿con la modificación de la llamada constitución de Gibraltar podemos pensar que se ha alterado el statu quo ? En absoluto; al revés, se ha reafirmado el statu quo. Por primera vez se dice que cualquier avance en su autogobierno, o como lo quieran llamar, por parte de los gibraltareños tiene un límite que son los acuerdos internacionales, las resoluciones de Naciones Unidas y en particular el Tratado de Utrecht. Por tanto, ahí no hay el menor riesgo para las posiciones de España, que siguen manteniéndose en su integridad. ¿Se altera la interlocución? Esa era una de las preocupaciones que evocó el señor Piqué, y él mismo acabó reconociendo en sus conclusiones que cualquier temor al respecto era infundado porque, puesto que se dice expresamente que la interlocución en materia de soberanía solo puede ser un ámbito limitado al diálogo y a la negociación entre España y el Reino Unido, no hay una nueva interlocución sobre materia de soberanía con tres interlocutores. Para la soberanía se mantiene el principio de tres voces, dos banderas, establecido como posición tradicional de España. Para la cooperación hay que hablar con el actor físico que está allí y eso es lo que se ha hecho en el ámbito del foro.

Me ha sorprendido que el portavoz del Grupo Popular haya hecho una referencia de la que yo he querido entender que no le parece mal que se reabra un consulado. Porque si es así, si no le parece mal que se tome la decisión de reabrir un consulado y cree que eso no altera el statu quo ni nuestra posición en materia de soberanía, ¿por qué no vamos a abrir un Instituto Cervantes para enseñar español, que además es un escaparate maravilloso y no altera el statu quo tampoco? Digámoslo claro, no altera el statu quo ni se pretende alterarlo. En lo de los teléfonos la posición del portavoz del Grupo Parlamentario Popular se acerca bastante a la del señor Bossano, que quería ver en la concesión del 350 un avance en materia de soberanía, de la independencia de Gibraltar. Bueno, pues el señor Caruana ha dicho, no, mire usted, simplemente queremos tener un factor identitario, como tenemos los bobbies , como tenemos los jueces británicos, como tenemos una lengua —que es la oficial, por cierto— y queremos tener ese prefijo. Pero ese prefijo se les da y está ahí de la misma manera que Hong Kong siendo una colonia tenía un prefijo separado y siendo ahora parte de China tiene un prefijo separado. No es un factor identitario, no es un factor de soberanía, en absoluto. Ahora bien, estas cosas se podían haber pensado cuando se permitió —porque no se le dio importancia, no se consideró un avance hacia la independencia— que se registrase un dominio gi en Internet como recordaba el ministro el otro día. La verdad es que ahora, en la era digital, es muy fácil mantener conversaciones de Voz sobre IP a través de ese dominio gi que el Gobierno del Partido Popular aceptó que adquiriese Gibraltar. No es un factor de identidad, digamos que no lo es y no le demos mayor relevancia.

El señor Arístegui ha hecho hoy una interpretación sobre Utrecht que creo que no merece la pena comentar porque es un debate más bien académico, pero que sí conviene contrastar con lo que el mismo portavoz dijo en ese Pleno del 14 de marzo al que ha hecho referencia el señor ministro, porque apoyando los planteamientos del señor Piqué, dijo: el Tratado de Utrecht es la garantía de los derechos españoles porque confiere a España —y cito literalmente; de memoria, pero literalmente— un derecho de tanteo y retracto. Con lo cual es cierto que Utrecht es un tratado provisional hasta que sea modificado por otro nuevo tratado —ese era el objetivo de las negociaciones para la cosoberanía—, pero en absoluto tiene un punto final, un término. Sigue siendo nuestra mejor salvaguarda y suscribo lo que dijo en su momento el señor Arístegui, que garantiza nuestro derecho de tanteo y retracto el día en que el Reino Unido no quiera seguir ejerciendo sus competencias, sus potestades y sus derechos sobre Gibraltar. Si me permite una referencia que creo que es más bien una reflexión —y no estoy entrando en los acuerdos ni en su contenido—, desde el Grupo Parlamentario Popular y en particular por su portavoz se ha estado hablando de que el diálogo con los gibraltareños puede suponer cesión, no cesión, etcétera, me parece muy importante recordar lo que el señor Piqué decía en febrero de 2002, en una conferencia de prensa después de firmar unos acuerdos con el señor Straw: España acepta el planteamiento del Reino Unido en cuanto a sus compromisos en relación al pueblo de Gibraltar. Está aquí, viene de la OID (Oficina de Información Diplomática), la publicación anual que se hace con la transcripción de conferencias de prensa. (El señor Estrella Pedrola muestra un documento a los miembros de la Comisión.) Lo dice el señor Piqué. Pero por si no ha quedado claro qué quieren decir esas palabras, en diciembre de 1997, en un documento oficial en el marco del proceso de Bruselas presentado por el ministro Matutes, y que contó con algunas preguntas y dudas por nuestra parte pero también con un apoyo incondicional por parte del Partido Socialista, se decía lo siguiente: Como Estado democrático no podemos concebir la obtención de una solución al problema de la soberanía que se imponga por la fuerza a la voluntad de los ciudadanos de Gibraltar que se verían afectados por una nueva situación de soberanía. Y acababa diciendo el señor Matutes en su carta al ministro británico: No tendríamos inconveniente si usted, Robin Cook, como supongo, quiere mencionar como parte de su respuesta a nuestra oferta la referencia al respeto de los deseos gibraltareños de acuerdo con la Constitución de 1969.

Esa es la realidad en la cuestión de soberanía de la relación con el pueblo gibraltareño, con los ciudadanos de Gibraltar y en definitiva a un problema real, que no jurídico, que tenemos encima de la mesa. Tenemos una salvaguarda absoluta de enorme valor jurídico internacional, el Tratado de Utrecht, reconocido por el Gobierno británico en esa reforma de la Carta otorgada, que ellos llaman Constitución de Gibraltar. Por tanto la salvaguarda está garantizada. Pero al mismo tiempo el Gobierno británico adquirió en su régimen interno un compromiso en el año 1969 con los ciudadanos de Gibraltar, como expresaba el señor Matutes y como expresaba el señor Piqué, como se dice literalmente reflejando las posiciones de las dos partes en los acuerdos de Córdoba. ¿Qué ocurre? Que ese documento —o ese vínculo o ese acuerdo— a España no la vincula jurídicamente, pero nos está diciendo que tenemos un problema porque el Reino Unido ha declarado que estará dispuesto a avanzar con España en el diálogo hacia una solución al contencioso de Gibraltar pero que tiene un problema y quizás va a necesitar alguna ayuda. Sobre estos acuerdos en su conjunto se puede matizar si es mejor que la terminal esté en un lado o en otro, ya el ministro ha ido dando respuesta en su primera intervención y estoy seguro de que lo va a hacer ahora a otras cuestiones, pero, por favor, dejemos claro que aquí no se altera el statu quo , que se avanza en la dirección en que lo habían hecho los gobiernos anteriores, en los mismos objetivos de recuperación de la soberanía de Gibraltar; que estos no son unos acuerdos que alteren en absoluto la soberanía. Que se consiguen avances que antes no habían sido posibles por distintas razones, porque no se había hecho lo que luego proponen o propugnan y ofrecen los señores Matutes y Piqué, y ahora se ha podido hacer porque estamos en el siglo XXI o por las razones que sea, se ha podido hacer y sería deseable que se hiciera también con el rigor y el apoyo del conjunto de los grupos de la Cámara y en particular del Partido Popular.

El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad):

Para contestar a los grupos que han intervenido tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Señor presidente, señorías, gracias por las intervenciones. Voy a comenzar contestando al portavoz del Grupo Parlamentario Popular tratando de convencerle de que esta es una cuestión de Estado y, como cuestión de Estado, todos los grupos políticos tienen que asumir esa responsabilidad y defender y apoyar al Gobierno en unas negociaciones largas, difíciles, complejas, rigurosas, que necesitan por tanto —él lo ha señalado— la crítica constructiva, el análisis, la información, la transparencia. Por eso estamos en esta comparecencia y así lo hicimos también en el curso de todas estas negociaciones, en el sentido de que los temas, en los momentos importantes, en los momentos de cambio, de enfoques nuevos y de propuestas, no solamente el Partido Popular, sino todos los grupos políticos fueron informados, como no podía ser de otra manera, y por tanto también en el proceso de reforma constitucional su grupo fue informado y tuvimos ocasión de hablar con distintos interlocutores de su partido para trasladarles nuestra posición y nuestra voluntad de ir construyendo ese clima de confianza y poder avanzar en un contencioso que, bueno, la historia lo dice, son ya 300 años. Por tanto hay que mirar este contencioso con un poco de modestia y tratar de ayudar en todos los momentos en los que se han dado saltos cualitativos y cambios de dinámica, porque a lo largo de la extensa negociación diplomática que se ha llevado a cabo durante siglos, y sobre todo recientemente, cada vez que había una novedad importante se apreciaba y se saludaban los resultados de esa negociación, ya fuera el proceso de Bruselas, las propuestas de Piqué o cualquier otra novedad como en este caso los acuerdos de Córdoba.

Inició el portavoz Arístegui su intervención compartiendo la metodología de trabajo de que ha hecho gala el Gobierno, que es el diálogo y la creación de confianza. Partimos entonces de una premisa en la que compartimos esa manera de trabajar y creo que eso es positivo. Es verdad que al reclamar la creación de un ambiente constructivo, positivo, el señor Arístegui se ha limitado única y exclusivamente al Reino Unido, y no, hay que crear un ambiente positivo también en los gibraltareños. Desde luego yo tomé nota cuando asumí la responsabilidad de ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, cuando me entrevisté con mis antecesores; le tengo que señalar aquí en esta Comisión que mantuve reuniones de trabajo con todos mis antecesores recientes que se ocuparon y preocuparon del tema de Gibraltar, tanto con el señor Matutes, el señor Piqué, el señor Oreja, como el señor Morán, todos me trasladaron sus experiencias y cómo habían podido avanzar cada uno con mayor grado de éxito o no en sus esfuerzos negociadores, y la conclusión última que obtuve es que, lo que había faltado en este proceso acumulativo de creación de confianza y de avanzar en el proceso de negociación era que esa dimensión gibraltareña es la que había hecho fracasar las negociaciones últimas propuestas por el ministro Matutes. Quiero recordar al señor Arístegui que se estancaron en julio de 2002 cuando mi predecesora, Ana Palacio, no fue a Londres a otra reunión y mucho antes del referéndum de noviembre de 2002 y que, por lo menos así me lo dijeron mis interlocutores, fracasaron por el rechazo de los gibraltareños. La tesis de que el Gobierno retrasó y la propuesta británica de carácter permanente o no, no sé, no lo he visto en ningún documento por escrito, puede ser verdad, no lo dudo, pero, en cualquier caso, el mensaje claro, real y verdadero es que los gibraltareños se opusieron a esa negociación de cosoberanía entre el Reino Unido y España.

Como expliqué en la respuesta a la interpelación, lo he dicho también en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, en nuestro Gobierno nos encontrábamos ante una disyuntiva: o bien seguíamos anclados en el estancamiento, no había capacidad de renovar las negociaciones sobre la propuesta de cosoberanía, o bien buscábamos crear una dinámica diferente, que es lo que hizo este Gobierno para crear confianza y a través del diálogo.

Hemos seguido un poco el modelo y la propuesta del portavoz del Partido Popular, pero incorporando, eso sí, no solamente al Reino Unido, sino también a los gibraltareños. En ese sentido, quiero decirle que también ha cambiado algo el ambiente, la atmósfera y la confianza entre todos los actores, quizá, como decía bien el portavoz del Grupo Socialista, el señor Estrella, porque estamos en el siglo XXI y hay otra manera de enfocar los problemas. En cuanto a esa concepción de evitar que nos metan goles, esa concepción de que aquí todo el mundo engaña en todo momento, de regate corto, sí hay que estar prevenido y por eso hemos tenido mucho cuidado y rigor a la hora de pulir, de interpretar y de seguir cada coma y cada punto como usted ha señalado a la hora de fijar nuestra posición en los textos acordados. Ese rigor jurídico, político y diplomático, que ya le digo que fue objeto de elogio por muchos expertos y asesores internacionales, no impide que haya cambiado la actitud general de los interlocutores. Ahora no estamos en una situación de quién engaña al otro, quién le mete el gol al otro, sino que estamos en una empresa común de resolver definitivamente el problema de Gibraltar. Esa es la gran diferencia. Nosotros queremos resolverlo para que pueda ser posible resolverlo. Por tanto, el primer objetivo es crear esa confianza, esa atmósfera constructiva no solamente con el Reino Unido, con el que hemos trabajado de manera muy íntima y muy directa en todo lo que es la reforma constitucional, sino también incluso con el propio Gobierno de Gibraltar, sin ceder ni perjudicar un ápice a lo que es la posición de fondo sobre la soberanía.

A partir de ahí, señor Arístegui, usted sigue erre que erre reiterando su posición del otro día. Trataba hoy en mi intervención de desmontar los argumentos que usted señaló en la interpelación y que dije que no tuve tiempo de señalarlo, porque ese recorrido de los textos, esas interpretaciones que se han demostrado totalmente inexactas le quitan los argumentos de fondo. Vuelvo a insistir incluso en la contrarréplica sobre People of Gibraltar , y se lo he dicho anteriormente, no solamente el texto de Córdoba habla de People of Gibraltar , es que han dicho la misma denominación la Declaración de Lisboa, en Bruselas, en todos los comunicados que se han suscrito, en todos. Por tanto, no hay novedad alguna, pero a usted no sé cómo decírselo; quizá le hagamos una lectura en conjunto en voz alta, aquí, y así se pueda convencer. Porque yo se lo digo, se lo demuestro, está en los textos y usted sigue erre que erre rechazándola. Por tanto, no la rechace porque en definitiva no es cierta y no es ajustada a la realidad.

En relación con el derecho de veto, que es otra de las preocupaciones, no diría obsesiones, del señor Arístegui, vuelvo a decirle lo mismo. Léase los textos, vea que en el tema de soberanía queda de manera clara, que es lo que le preocupa a usted y a nosotros, que Gibraltar y el Gobierno de Gibraltar no tenga ningún tipo de veto. Lo decimos por activa y pasiva, que es una cuestión que solo para el Reino Unido y España podrá ser objeto de tratamiento y negociación. No hay derecho de veto, señor Arístegui, ni post ni ante. Por tanto, no lo reitere más, porque es que parece que lo quiere reiterar cuando no existe. Léase de nuevo los textos. Vuelvo a decir que los podemos leer conjuntamente. En relación con el aeropuerto, sigue señalando que le gusta más la fórmula de dos terminales. Ya que le gusta tanto la historia de las negociaciones, también le daré más información. Es verdad que la propuesta del acuerdo de 1987 concluyó con una propuesta de dos terminales, pero no porque no se hubiese intentado obtener una terminal única, que fue lo que negoció la parte española, el ministro Fernández Ordóñez, sino que lo que ocurrió fue que los gibraltareños lo rechazaron en aquel entonces. Lo que hacemos ahora es conseguir algo que no se había logrado en 1987. Pues sí, en la vida hay que mejorar, señor Artístegui. Nos gusta mejorar. El señor Fernández Ordóñez hizo una gran labor diplomática y una gran función, pero en el caso del aeropuerto hemos mejorado la propuesta y los resultados. Por tanto, no es que hubiese dificultades, todo lo contrario, nos permite tener una situación mucho mejor, jurídica, política, en materia de seguridad y de control que usted señala. No sé, tendré que volver a reiterar lo que ha sido el control de pasajeros, de nacionales, de espacio Schengen, pero parece que no me escucha, señor Arístegui. No hay control de la Policía de Gibraltar y le puedo garantizar que no es así.

Posteriormente, sobre el Instituto Cervantes, ya lo ha dicho el señor Estrella, espero que modifique su manifestación. Si lo que hemos entendido aquí el señor Estrella y yo y todos los aquí presentes es que el Partido Popular quiere abrir un consulado en Gibraltar... ¿Qué es un consulado? ¿No tiene mayor simbolismo político un consulado que un Instituto Cervantes, que es en definitiva un centro cultural y de enseñanza de la lengua? Precisamente tenía todo el contraargumento antes que usted me lo dijese para decirle que yo no quiero ser más franquista que Franco, porque lógicamente fue Franco quien puso un consulado. Lo tenía como argumento contra sus miedos y temores al Cervantes, pero me lo ha dejado usted, señor Arístegui, muy fácil. O sea, que una parte del Partido Popular —me imagino que el señor Piqué no diría eso— dice que es mejor abrir un consulado que un Instituto Cervantes. La verdad es que no comprendo cómo puede hacer esa manifestación. En cualquier caso, vuelvo a reiterar lo que le preocupa relativo a las telecomunicaciones. En cuanto a las telecomunicaciones, quizá Las Malvinas o Hong Kong tienen prefijos separados o China y Argentina, que tampoco son territorios similares, y vuelvo a insistir en que ustedes durante su periodo de Gobierno autorizaron el establecimiento del dominio, entre comillas, de gi para Internet y también un distintivo de Gibraltar para el télex y no hubo autodeterminación informática o cibernética de Gibraltar. Por tanto, llevemos estas reflexiones a sus justos términos.

Con respecto a la UEFA, no se preocupe, señor Arístegui, que estamos realizando las acciones necesarias. Corresponderá a la UEFA establecer sus criterios constitutivos y estamos muy atentos para precisamente evitar que pueda darse acceso a la selección nacional de Gibraltar a la UEFA.

No quiero alargarme, señor Arístegui. Me ha repetido los mismos argumentos, aunque se los he rebatido, en la réplica y en la contrarréplica, argumentos que cualquiera con capacidad de escucha y comprensión habrá entendido perfectamente. Señor Arístegui, es cierto que el Grupo Popular, por ser el grupo principal de la oposición, tiene la obligación de ser crítico y de garantizar que no haya ninguna desviación que ponga en peligro el futuro de la soberanía de Gibraltar en materia de reivindicación española —eso lo entiendo perfectamente—, pero cuando se lo hemos explicado por activa y por pasiva y cuando está reflejado que en diplomacia es el tema fundamental en los textos, confíe en el Gobierno. Confíe en un tema de Estado en el Gobierno, en un equipo de negociadores que está aquí y que ha hecho un trabajo espléndido que todo el mundo ha felicitado. Confíe en la capacidad de interlocución y en la voluntad de sacar adelante un tema muy complejo, estancado, para encontrar una solución definitiva. Desde luego, puede estar seguro de que el Gobierno siempre mantendrá informados a todos los partidos políticos porque es un tema de Estado. Le animo, pues, a que cambie un tanto su rumbo y vaya más en la dirección que adoptó el senador Piqué, pues en definitiva él comprendió plenamente lo que ha sido este proceso acumulativo de mejorar la posición de España a la hora de reivindicar y obtener una solución definitiva al problema de Gibraltar.

El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad):

Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor De Arístegui.

El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Voy a intervenir brevemente, señor presidente.

Dice usted, señor ministro, que todos los grupos debemos dar nuestro apoyo. Daremos nuestro apoyo si estamos convencidos y todavía no lo estamos. Usted perdonará que nuestra posición sea la misma que la del Grupo Popular, pero, francamente, no creo que sea ilógico que cuando nosotros no creemos que la negociación haya culminado con éxito, sino que ha dejado flecos importantes sin resolver, algunos para el futuro tanto inmediato como lejano, no la apoyemos.

No se preocupe usted por la cuestión del señor Piqué. El señor Piqué manifestó sus dudas sobre aquellas cosas en relación con las cuales nosotros hemos manifestado nuestras dudas y le he felicitado por el resultado práctico de las pensiones. Nosotros también lo hemos dicho y hemos subrayado el efecto positivo que eso suponía para casi 6.000 personas y los efectos potencialmente positivos que pueda tener el uso conjunto del aeropuerto, pero estábamos hablando en un plano diferente y en ese plano distinto en el que nosotros hemos hecho más hincapié, créame, hay identidad de criterios.

Con respecto al consulado, nosotros no estamos proponiendo que se abra, sino que estamos diciendo que hay expertos en la cuestión de Gibraltar que dicen que eso no tiene una contraindicación. Nosotros no nos hemos manifestado a ese respecto, desde luego públicamente no, pero lo que sí decimos —el señor Estrella tendría que empezar a aprendérselo, puesto que va a ser embajador de España en breve— es que no son lo mismo los privilegios e inmunidades diplomáticos que los consulares. No son los mismos, y es evidente que la acreditación del director de un Instituto Cervantes normalmente como director del mismo y agregado cultural le otorga un estatus diplomático que tiene mayores privilegios e inmunidades que el de un cónsul. Eso es así.

En cuanto a la creación de un ambiente constructivo, nosotros no solamente hablamos de la cuestión respecto del Reino Unido, también de Gibraltar. Lo he dicho en mi primera intervención y lo reitero ahora, pero lo que nosotros dijimos es que no podíamos obtener resultados positivos en ese proceso si no era con el concurso y el apoyo de los británicos, tanto del Gobierno como de su opinión pública en ese proceso. En cuanto a la representación de la voz de los gibraltareños en las delegaciones, nosotros creemos que la fórmula: dos banderas, tres voces, era más que suficiente y francamente pensamos que, tal y como está diseñado el marco del acuerdo, lo que hace es que le da una equiparación casi total —no diré que total— a los gibraltareños con las otras dos delegaciones, la británica y la española.

Concluyo, señor ministro, diciendo que, puesto que usted dice que reiteramos nuestros argumentos de manera machacona, usted no se convence con los míos, lamentablemente, nosotros tampoco con los suyos.

El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Señor Estrella.

El señor ESTRELLA PEDROLA: Intervengo muy brevemente, en primer lugar, para hacer algo que es de justicia —y lo ha recordado el señor ministro en su intervención— y es felicitar al equipo negociador que ha llevado a buen término los acuerdos que se hicieron públicos en Córdoba el pasado día 18, dirigidos por el director general de Política Exterior para Europa y América del Norte, el señor Pons, aquí presente, y por el señor Domech que le acompaña. Creo que han hecho un excelente y riguroso trabajo. Me lo voy a estudiar. Yo no sabía que, de acuerdo con el derecho internacional, tiene unos privilegios e inmunidades mayores un director del Instituto Cervantes que un cónsul general. (El señor De Arístegui y San Román: Sí, está acreditado.) No lo sabía, me lo estudiaré. Tengo mucho que aprender, por supuesto, pero creo que tengo todavía algún tiempo para aprender. Por lo que yo he estudiado, lo que he visto es que, por ejemplo, el señor Piqué, como antes el señor Matutes, reconocían que había un problema y hacían un guiño diciendo: yo le reconozco que usted tenga un compromiso con los ciudadanos de Gibraltar, de acuerdo con la Constitución de 1969, en la medida que usted me reconoce que está el Tratado de Utrecht, que es la piedra angular que garantiza todos mis derechos. Por tanto, yo no voy a consentir —ellos no parecen dispuestos a consentir—, pero como tiene más relevancia jurídica, desde el punto de vista del derecho internacional, mi acuerdo y como sin mi consentimiento no se puede hacer nada y no es una cuestión de percepciones o de cambio de actitudes en poblaciones, vamos a trabajar para que haya un cambio de actitud en la población gibraltareña, que es lo que decía el señor Piqué, cuando ese mismo día al que yo me refería señalaba que hacía un llamamiento al ministro principal de Gibraltar para que se incorporara a las conversaciones, porque su aportación en el marco de sus competencias, que es lo que se ha hecho ahora en Córdoba, puede ser enormemente útil. Es así de simple. No nos perdamos en el fárrago de la soberanía. No hay nada de soberanía en esos acuerdos, porque lo que hacen los acuerdos es preservar, encapsular para que no toque en absoluto el statu quo, para que no lo altere y para que —parece evidente— con el clima positivo que se ha generado en Gibraltar hacia España, con lo que puede suponer la apertura del Instituto Cervantes, con privilegios o sin privilegios, o en su día, como contempla no negativamente el Grupo Popular, con la reapertura de una oficina consular, estaremos avanzando en el camino de los objetivos de España. Conseguir 171 millones de euros para los ciudadanos españoles del Campo de Gibraltar —cuestión que no había estado en la agenda hispanobritánica en los últimos ocho años— me parece que es un elemento muy importante en unos acuerdos que forman un todo integrado y que —insisto— no tocan para nada la cuestión de soberanía.

El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Para concluir el debate, tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Intervengo muy brevemente para no prolongar el debate. Me quedo con la última parte de la intervención del señor De Arístegui que dice que no le convencí y que quedan algunos flecos por convencer. Imagino que eso de los flecos no es la parte de fondo o de sustancia que compartimos y que, por tanto, seguiremos trabajando para que esos flecos que tanto le preocupan no vayan a afectar a la cuestión de fondo, a la cuestión esencial, que es la reivindicación española de la soberanía de Gibraltar.

No quiero entrar a debatir si un consulado tiene mayores derechos, inmunidades y privilegios que el Instituto Cervantes. Le pediría al señor Arístegui que, con la misma solicitud que ha hecho al futuro embajador en Argentina, también se lea los textos y vea la diferencia entre el Instituto Cervantes y un consulado. En cualquier caso, lo importante es, si no convencerle, por lo menos, tratar de animarle a que apoye al Gobierno en una cuestión de Estado como es el tema de Gibraltar. Le puedo garantizar, señor Arístegui, que puede estar tranquilo, que no va a haber ninguna renuncia ni ninguna distracción, sino todo lo contrario, la perseverancia y resultados concretos y específicos que beneficiarán al futuro status de la negociación de la soberanía sobre Gibraltar y, sobre todo, ya ha beneficiado es a muchos ciudadanos españoles que han acogido con enorme satisfacción los resultados de los acuerdos de Córdoba.

El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Gracias, señor ministro.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.